Cuando el Comité Noruego anunció esta semana que el Premio Nobel de la Paz 2025 sería entregado a María Corina Machado, la reacción fue inmediata, intensa y predeciblemente contradictoria. En Oslo, los aplausos; en Caracas, la euforia y el desconcierto; en Washington, la sorpresa teñida de molestia. La distinción, que buscó reconocer la “valiente defensa de la democracia venezolana y el esfuerzo por una transición pacífica”, fue recibida con indignación en el entorno del expresidente Donald Trump, quien —según confirmaron medios estadounidenses— también había sido propuesto como candidato. Que la dirigente opositora venezolana haya sido preferida sobre el republicano favorito de su base conservadora pareció un insulto que reabrió viejas preguntas sobre el verdadero sentido del Nobel de la Paz.

Desde su creación en 1901, el premio ha oscilado entre la esperanza y la polémica. Fue el empresario sueco Alfred Nobel quien, en su testamento, dispuso que una parte de su fortuna recompensara a quienes “hayan trabajado más o mejor por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la celebración y promoción de congresos de paz”. El primer galardón lo recibieron ese año Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Frédéric Passy, un economista francés y pacifista convencido. Con ellos nacía un ideal: que la paz, tan abstracta como necesaria, pudiera tener nombre, rostro y biografía. Pero pronto quedó claro que no había paz sin política, ni política sin controversia.

En la lista de premiados hay nombres que simbolizan capítulos luminosos de la historia reciente: Martin Luther King Jr. (1964) por su liderazgo en la lucha por los derechos civiles; Nelson Mandela y Frederik de Klerk (1993), por poner fin al apartheid en Sudáfrica; Malala Yousafzai (2014), convertida en emblema universal de la educación femenina; o Mijaíl Gorbachov (1990), por su papel en el desmantelamiento de la Guerra Fría. Son los rostros que la posteridad ha consagrado sin discusión. Pero junto a ellos conviven otros que generan incomodidad cada vez que se revisa la lista de laureados. La paz, al fin y al cabo, siempre ha sido un terreno ambiguo, y el Nobel, su espejo más implacable.

Ninguna decisión encarna mejor esa ambigüedad que la de Henry Kissinger, galardonado en 1973 por negociar el fin de la guerra de Vietnam. Aquel año, la guerra seguía activa y Lê Đức Thọ, el negociador vietnamita que compartía el premio, lo rechazó por considerarlo prematuro. Kissinger, en cambio, lo aceptó, aunque apenas dos años más tarde las bombas volvieron a caer sobre Saigón. Su papel en el golpe de Estado chileno de 1973 y en otras operaciones encubiertas de la política exterior estadounidense terminó por convertir su Nobel en una suerte de ironía histórica: un premio a la paz entregado a quien, según sus críticos, contribuyó a sostener dictaduras y conflictos. Cuando murió en 2023, a los 100 años, el recuerdo de aquel Nobel seguía siendo una mancha en la reputación del comité que lo eligió.

Décadas más tarde, la controversia volvió con otro rostro que alguna vez encarnó la pureza moral: Aung San Suu Kyi, laureada en 1991 por su resistencia pacífica frente al régimen militar birmano. En los años siguientes fue símbolo de dignidad y ejemplo global, hasta que, ya en el poder, su silencio ante la persecución del pueblo rohinyá la convirtió en una figura trágica, incapaz de sostener las expectativas éticas que el Nobel había depositado en ella. Fue entonces cuando muchos entendieron que el premio no garantiza virtud eterna; solo refleja un momento de fe.

El caso de María Corina Machado parece seguir ese mismo guion de contradicciones. En Venezuela, sus partidarios la ven como el rostro de una transición inevitable y su Nobel, como un aval internacional frente a la represión de Nicolás Maduro. En el extranjero, la noticia fue interpretada según el cristal ideológico: para los gobiernos europeos y varias ONG, una señal de respaldo democrático; para sectores del trumpismo, una provocación disfrazada de altruismo nórdico. El propio Comité, como en tantas otras ocasiones, evitó comentarios políticos y se limitó a recordar que el galardón “no es una aprobación de programas, sino un reconocimiento a la lucha por la libertad”.

Las controversias no son nuevas ni tampoco casuales. Cuando Barack Obama recibió el Nobel en 2009, apenas nueve meses después de asumir la presidencia, ni él mismo pareció convencido de merecerlo. “No me lo merezco”, admitió con desconcierto. Las guerras en Afganistán e Irak continuaban, y el premio sonó más como una apuesta simbólica por lo que podría hacer que por lo que había hecho. Lo mismo ocurrió con Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin en 1994, cuando la esperanza de paz entre israelíes y palestinos se desvaneció tan pronto como las cámaras se apagaron en Oslo. El comité, no obstante, siguió defendiendo la idea de que el Nobel no celebra logros consumados, sino caminos posibles.

Esa lógica —la de premiar promesas— ha mantenido al Nobel en la frontera entre el idealismo y la ingenuidad. Sus defensores sostienen que los premios más cuestionados son también los que más incomodan al poder; sus detractores, que la paz se ha convertido en una herramienta diplomática más, un gesto de influencia global desde un país que, paradójicamente, nunca ha sido escenario de guerra. El Comité Noruego, por su parte, insiste en la coherencia moral de su labor. Pero el tiempo siempre dicta su propio veredicto.

Hoy, más de un siglo después del primer galardón, el Nobel de la Paz sigue siendo una brújula imperfecta en un mundo sin norte. En su historia conviven humanistas y estrategas, mártires y políticos, santos y sospechosos. Machado entra en esa genealogía compleja, entre quienes luchan por la libertad y quienes cargan el peso de la política real. Que su nombre despierte entusiasmo y resentimiento a partes iguales solo confirma que el Nobel, pese a todo, conserva su poder: el de recordarnos que la paz, como la historia, nunca está del todo a salvo de sus contradicciones.