Lo que comenzó como un conflicto contractual más entre una empresa y una estatal terminó convirtiéndose en un terremoto para la justicia chilena. La “Muñeca Bielorrusa” —o trama bielorrusa, como lo han bautizado los fiscales— no es sólo un apodo pintoresco; es una metáfora sombría: capas dentro de capas de decisiones, influencias y alineamientos que culminan en una figura gigantesca cayendo con estrépito desde la cúspide del Poder Judicial.

Un fallo que cambió todo

La historia arranca, con precisión burocrática, en julio de 2023. El Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) —una firma híbrida chileno-bielorrusa que mezcla los intereses comerciales de Movitec con la emblemática industria pesada de Bielorrusia— llevaba meses en disputa con Codelco, la principal empresa estatal de Chile. El pleito era aparentemente banal: incumplimiento de contrato para obras mineras y consecuencia de ello, retenciones de boletas y de equipos cuyo valor ascendía a más de $11.000 millones.

Hasta ese momento, la historia judicial era lineal: la Corte de Apelaciones de Copiapó falló en contra de CBM, ordenándole pagar a Codelco por incumplimiento. Entonces, como en una obra con guion oscuro, aparece la platinada señora Ángela Vivanco Martínez presidiendo provisoriamente la Tercera Sala del máximo tribunal. Y ahí sucede lo impensado: la Suprema —encabezada por Vivanco— revierte el rumbo de la historia judicial y ordena que Codelco pague al consorcio la suma exacta que antes debía cobrarle. No es un detalle menor: hablamos de cerca de 20 millones de dólares revertidos en un fallo que pasó de sancionar a CBM a favorecerlo.

Para cualquier observador desprevenido, sería un giro sorprendente. Para los fiscales, fue la primera capa de una muñeca que más tarde develaría nuevas capas muy sabrosas.

Actores en esta tragicomedia institucional

Si esto fuera una novela de intrigas, su elenco sería complejo. Pero es la realidad, y lamentablemente algunos nombres son de personas que aún transitan por los pasillos del poder:

Ángela Vivanco Martínez: abogada, exministra de la Corte Suprema desde agosto de 2018 hasta su destitución en octubre de 2024, cuando la propia Corte la expulsó tras un proceso interno por irregularidades y tráfico de influencias.

Gonzalo Migueles: pareja de Vivanco, exgerente de Recursos Humanos de un Conservador de Bienes Raíces, señalado como el receptor de fondos de CBM posteriormente triangulados hacia Vivanco.

Eduardo Lagos y Mario Vargas: abogados que representaron a CBM y que, según la fiscalía, habrían actuado como facilitadores de pagos irregulares.

Conservadores de Bienes Raíces como Yamil Najle y Sergio Yáber, detrás de supuestas maniobras de lavado de activos.

Además, otros imputados incluyen operadores financieros y abogados que, en algún momento, cruzaron caminos con los protagonistas de esta trama.

Pistas, Whatsapp y dinero que no encaja

Conforme avanzó la investigación, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, desgranó lo que hoy es la acusación formal contra Vivanco: cohecho, lavado de activos y soborno.

Los fiscales no se quedaron en la anécdota de un fallo controvertido: desplegaron artefactos probatorios que incluyen análisis de antenas telefónicas, chats de WhatsApp entre los abogados y la geolocalización de dispositivos, que habrían mostrado que documentos vinculados a CBM se cargaron al sistema judicial desde la casa de la propia exministra. Peor aún —en una escena que pareciera sacada de una novela criminal—, parte de los supuestos pagos quedaron registrados en fotos encontradas en el teléfono de Migueles: pilas de dinero en efectivo junto a aros y pertenencias personales, en lo que los fiscales describen como evidencia física de las transacciones que, al menos, superan 90 millones de pesos informales entre la pareja. Parte de ese dinero, según la fiscalía, no se quedó en Chile: algunos fue gastado en viajes recreativos a Argentina y Brasil, detalles que brotan en las diligencias como migas de pan que llevan a un panal de hipótesis de soborno.

Para quienes vieron este proceso de cerca, el impacto institucional es tan claro como delicado: una exministra de la Corte Suprema formalizada y encarcelada por presunta corrupción es, por decir lo mínimo, un hito sin precedentes en Chile.

Pero más allá del hecho sensacional, el caso expone fallas de diseño: mecanismos que deberían garantizar imparcialidad, transparencia y control cruzado terminaron siendo supuestamente agujeros por donde se colaron influencias cruzadas, favores, comunicaciones impropias y decisiones que cuestan miles de millones de pesos a una empresa estatal, sin que, en primera instancia, se hubieran ventilado adecuadamente todos los motivos y conflictos de interés.

Desenlace abierto, consecuencias profundas

Hoy Vivanco está formalizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago enfrentando cargos de cohecho y lavado de activos.

El caso no sólo divide a juristas y políticos; también obliga a una reflexión estructural. Si las máximas instancias del Poder Judicial pueden verse envueltas en acusaciones de esta envergadura, ¿qué significa eso para un sistema que se presume garante de la legalidad? Esta no es una pregunta retórica, sino un imperativo de política pública y de confianza ciudadana.

Y como ironía final: el nombre de esta trama remite a una muñeca —una figura hueca, que se abre y abre para revelar otras figuras dentro— y tal vez esa metáfora es la más precisa de todas. En la política y la justicia, a veces lo que parece sólido, al abrirse, sólo revela más capas de dudas.